El STJ ordenó realizar audiencia pública

El presidente del bloque de legisladores del radicalismo, Bautista Mendioroz se mostró conforme con la resolución del Superior Tribunal de Justicia quien ordenó a la Secretaría de Medio Ambiente realizar la audiencia pública haciendo lugar a la acción de amparo ambiental por el denominado “Basurero petrolero de Cinco Saltos” que Mendioroz solicitara en nombre del bloque de la UCR  a fines del año pasado.

En principio fue la procuradora Silvia Baquero Lazcano quien respaldó la solicitud de Mendioroz y consideró necesario requerir a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable la realización de la audiencia pública, como así también solicitar a la empresa Greencor S.A. la actualización del estudio de impacto ambiental.

Mendioroz recordó que el amparo solicitaba al Superior Tribunal de Justicia dar cumplimiento a la Ley M 3266 que establece, para este tipo de actividades potencialmente dañosas del medio ambiente comúnmente llamada Landfarming o tratamiento de barro empetrolado, la realización de audiencias públicas con carácter previo a autorizar y a comenzar a desarrollar dichas tareas.

El Juez de amparo, Dr. Enrique Mansilla, ordena en su resolución que la Secretaría de Ambiente convoque a audiencia pública dentro de los 30 días hábiles administrativos de notificada, además indica que la autoridad de aplicación debe dictar una nueva resolución ambiental sobre la actividad con posterioridad a la audiencia pública. Por otra parte el juez ordena a la firma Greencor S.A. presente informes periódicos sobre su actividad y de acuerdo al plan de monitoreo, además ordena a la secretaría actualice la evaluación del impacto ambiental que la actividad de la empresa pudiere haber generado al medio ambiente hasta la fecha.

Mendioroz recordó además que la habilitación otorgada para funcionar fue a espaldas de los habitantes del lugar y aseguró “la transparencia es un requisito que hace a la concreción del resto de principios ambientales”.

Resaltó también lo requerido para que se luego de cumplida la sentencia, se constate en forma fehaciente la existencia de daño ambiental en los términos de la Ley General del Ambiente 25.675 y, de confirmarse tal circunstancia, se apliquen sobre los responsables las sanciones que la misma norma establece,  y en su caso, se ordene la consecuente remediación ambiental. "Es un triunfo de los vecinos de Cinco Saltos en su movilización permanente por la defensa de medio ambiente" finalizo el presidente del bloque se la UCR.


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