Sentencia Saiz

Para resolver en definitiva en los autos caratulados: "SAIZ MIGUEL ANGEL S/ ABUSO DE AUTORIDAD INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DEL FUNCIONARIO PUBLICO", Expediente Nº 189/II/14 del registro del Juzgado en lo Correccional Nº 6.

VIEDMA, 15 de Septiembre de 2015.-

 

AUTOS Y VISTOS:

 

Para resolver en definitiva en los autos caratulados: "SAIZ MIGUEL ANGEL S/ ABUSO DE AUTORIDAD INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DEL FUNCIONARIO PUBLICO", Expediente Nº 189/II/14 del registro del Juzgado en lo Correccional Nº 6, del que;

 

DE LOS QUE RESULTA:

 

Que el día 1 de Septiembre de 2015 se llevó a cabo la audiencia de debate oral y público en la sede de la Cámara en lo Criminal, Sala A de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, con la presencia del suscripto, asistido por la Sra. Secretaria, Dra. Elizabeth Karqui, el Agente Fiscal Dr. Hernán Trejo, el imputado Miguel Angel Saiz argentino, de 66 años de edad, nacido en Montevideo (Uruguay), el 17/05/1949, hijo de Adelino (F) y de María Esther López (F), casado, abogado, documentado con DNI Nº 13.483.201, domiciliado en Leandro N. Alem 1872 de General Roca, asistido por su letrado Defensor Dr. Miguel Cardella.

 

Sin cuestiones preliminares planteadas y advertido el imputado que estuviera atento a lo que oiría se leyó el requerimiento de elevación a juicio obrante fs. 303/305, cuyo reproche fue fijado en los siguientes términos: Habría ocurrido en esta ciudad de Viedma (RN) a partir del 11 de agosto de 2010. Conforme lo denunciado por la entonces Sra. Defensora del Pueblo de la Pcia. de Río Negro, Dra. Ana Ida Piccinini, la nombrada, en fecha 20 de mayo de 2010 formalizó denuncia ante el Sr. Gobernador de esta Provincia solicitando la correspondiente prevención sumaria en los términos de los arts. 24 y siguientes de la Ley 3550, a fin de que se evaluara la presunta infracción a dicha Ley de Ética e Idoneidad en la Función Pública por parte del Sr. Gabriel Savini, Secretario de Estado Control de Gestión de Empresas Públicas, dado que el mismo estaría incurriendo en las incompatibilidades previstas en la Ley de Ministerios Nº 4002 y en la propia Ley 3550, toda vez que se desempeña como Presidente del Directorio de la Empresa de Desarrollo Hidrocarburífero Provincial Sociedad Anónima (EDHIPSA). El entonces Señor Gobernador, Dr. Miguel Ángel Saiz, en forma ilegal habría rehusado hacer un acto propio de su función, toda vez que mediante nota 015/2010 del 11 de agosto de 2010 no hizo lugar a la promoción sumarial solicitada por la Sra. Defensora del Pueblo, incumpliendo con la obligación legal impuesta por la Ley Provincial 3550.

 

A continuación el imputado Miguel Angel Saiz, a quien se le recuerdan los hechos que se le atribuyen, las pruebas existentes en su contra y que puede abstenerse de declarar sin que su silencio implique presunción alguna en su contra. Manifiesta que declarará indicando a preguntas del Agente Fiscal que los ingresos a su área se derivaban a la secretaría legal y técnica, sosteniendo que en este tema específicamente hubo una consulta a la Secretaría legal y técnica pero no quedó copia de la misma. Indicó asimismo que el Dr. Savini prestaba funciones bajo su órbita y afirmó conocer lo que la Ley de Etica Pública decía. Luego, a preguntas del Señor Defensor indicó que la nota en respuesta al requerimiento de la Defensora del Pueblo estaba confeccionada por la secretaría Legal y técnica y el sólo la firmó. Sostuvo además que no fue intimado para iniciar actuación sumarial y preguntado si a su entender actuó ilegalmente, contestó que no, para nada.

 

A continuación declaró la testigo Gisella Patricia Santarelli, quien previo juramento de ley dio sus datos personales y preguntada por el Agente Fiscal sostuvo que comenzó a trabajar en EDHIPSA en 2008 y lo hizo hasta 2011. En relación a la tarea de Savini sostuvo que era la de Presidente. Que no cobraba ninguna remuneración por ello indicando que si cobraba viáticos. Preguntada sobre la nota que dio origen a ésta causa contestó que no la recuerda, si recuerda otras por otros temas indicando que se dieron las respuestas correspondientes. Preguntada por la defensa sobre si conoce al imputado Saiz respondió que no personalmente

 

A su turno declaró la testigo Silvia Cristina Jañez, quien previo juramento de ley dio sus datos personales e indicó que recuerda la nota, que llegó a su Secretaria un pase que fue analizado y luego de ello fue derivado a la secretaría privada del Gobernador con una respuesta, definió esa respuesta como una especie de sumario abreviado.

 

Sostuvo la testigo que en relación a las peticiones de la defensora del pueblo se había llegado a una conclusión. Aclaró en torno a ello que desde hacía más de un año la defensora del pueblo empezó a tener un criterio propio respecto de su actuación, se había erigido en una especie de fiscal del pueblo, se otorgaba funciones que no tenía. En ese momento se analizó en la secretaria a su cargo el ámbito de aplicación de la defensoría del pueblo y se determinó que no era un órgano de control estricto como el tribunal de cuentas o la fiscalía de investigaciones administrativas, luego de ese análisis, se empezaron a efectuar dictámenes similares para sus pedidos de informes, estableciendo como límite que la Defensora del Pueblo no podía inmiscuirse en la actuación de los demás poderes del estado o en las funciones de otros organismos. Definió que la actuación de la defensora del pueblo debía darse "del otro lado del mostrador", indicando que no podía advertirles a los funcionarios como actuar.

 

Definió en cuanto a la actuación de la Defensora del Pueblo –en relación a la denunciante- que había una acción que comenzaba con un hostigamiento, mas especificó que no obstante lo señalado, aquellas notas que debían ser respondidas porque correspondía según sus funciones, se contestaban.

 

Señaló que el accionar siempre estaba enmarcado en una fuerte campaña mediática y si no se respondía lo que ella quería –en referencia a la Defensora del Pueblo-, entonces efectuaba una denuncia.

 

En relación a la respuesta dada por el señor gobernador, sostuvo que la misma fue fundada, quizá no fue de su agrado –en referencia a la denunciante- pero si hubo una respuesta.

 

La testigo sostuvo que si la Defensora del Pueblo entendía que su presentación no había concluido como debía, debió haber acudido a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y no a la justicia, tal como hicieron todos los defensores del pueblo y lo hacen actualmente, sostuvo que esto ocurre incluso a nivel nacional, ello en ocasión en que un funcionario público incumple una normativa.

 

Observa la testigo que había una insistencia en temas vinculados con la renovación de los contratos petroleros asimismo indica que, según su criterio la nota de la Defensora del Pueblo presentaba ciertas incongruencias señalando que la incompatibilidad que establecía la nota no existía en la norma, manifestando que ese fue el razonamiento central de la contestación, también se analizó la Ley de sociedades, sostuvo que nunca hubo, pese al hostigamiento mediático, una idea de no contestar sino que lo que se hacía era analizar y si correspondía se contestaba. Exhibida la documental de fs. 5/12, 14/15 y 61/62, sostuvo que la nota de fs. 14/15 se elaboró en la Secretaría Legal y Técnica, no recuerda quien la confeccionó mas no la elaboró el Dr. Saiz afirmando además que la nota no es ilegal.

 

Indicó la testigo que no hubo intimación alguna para iniciar sumario, seguidamente hizo mención a su desempeño laboral incluyendo los cargos públicos ocupados, efectuó una mención del modo en que se organizaba la Secretaría Legal y Técnica, sostuvo que eran en ese momento 5 abogados manifestando que a su criterio profesional entendía que el tramite dado a la nota presentada por la Defensora del Pueblo –el que nuevamente y de forma personal describió como un sumario abreviado- debía concluir en su caso con un recurso, agregando que a la Secretaría Legal y Técnica no llegó nada.

 

Afirmó que todo el análisis jurídico se hacía en la Secretaría Legal y Técnica y que la nota no fue hecha con malicia ni para encubrir.

 

La testigo efectuó una descripción de la organización interna del trabajo del organismo que estaba a su cargo, indicando que no recuerda si el caso particular en investigación se había charlado previamente, mas en esos casos se analizaba primeramente si la Defensora del Pueblo era competente en la petición de que se tratara, si tenía facultad o no para lo que pedía, se analizaba el marco legal aplicable y, a su criterio, este caso en particular no estaba encuadrado en la Ley de Etica Pública. Cree que el caso en análisis debía culminar en la sede administrativa, después debía darse intervención a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y luego a un Juez civil para que, en su caso, obligara al Gobernador a instruir el sumario que correspondiere.

 

A continuación se incorporaron por lectura las actas y documentos que se detallan: Escrito de la Sra. Defensora del Pueblo Ana Ida Piccinini promoviendo investigación (fs. 1/3), documental adjuntada a fs. 4/42: Resolución Nº 24/06 de la Legislatura Provincial, denuncia de fecha 20/05/2010, Nota de fecha 26/07/10 dirigida al Gobernador, Respuesta del Sr. Gobernador en fecha 11/08/10, copia de la Ley de Ética e Idoneidad en la Función Pública Nº 3550, copia de la Ley de Ministerios Nº 4002, copia de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550 (parte pertinente: Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria - arts. 308-314); copia del Decreto Nº 09 de designación del Sr. Gabriel Savini como Secretario de Estado de Control de Gestión de Empresas Públicas y Relaciones Interprovinciales (fs. 47/48), nota Nº 2573 de la Inspección General de Personas Jurídicas (fs. 53) adjuntando copias certificadas del Legajo de la Sociedad de EDHIPSA el cual es agregado por cuerda, identificado como Anexo I; Nota Nº 252 remitida por la Dra. Jañez, Secretaria Legal, Técnica y de Asuntos Legislativos y copia del acta de asamblea de la Empresa EDHIPSA, mediante la cual se realizó el cambio de autoridades (fs. 61/65); copia certificada de las actas de la empresa EDHIPSA de fechas 12/11/07, 07/01/08, 24/11/08, 20/11/09 y 03/09/2010 (fs. 71/94); nota Nº 04/11 remitida por el Sr. Fiscal, Dr. Pablo Berraz (fs. 104), documental remitida por la Secretaria Legal y Técnica de la Secretaria General de Gobierno con notas de la Defensoría del Pueblo al "Gobernador de Río Negro" y respuestas (fs.130/149 y 154/161), Informe de Edhipsa en relación a Gabriel Savini (fs.163/164), la producida mediante Instrucción Suplementaria: nota nº 015/2010 (fs. 414/415) ; oficio de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (fs. 378/392) .Informes del imputado: Informes de abono (169/170 y 312/313); planilla de filiación (fs. 315) e informes del R.N.R. (fs. 323, 329 y 338/339). Documental reservada por Secretaría bajo la denominación S-9/14 y S-1/15.

 

En su alegato el Señor Agente Fiscal dijo que no escapaba a su conocimiento que en algunos casos él mismo había pedido la absolución o el sobreseimiento de personas imputadas en algunas denuncias efectuadas por quien fuera defensora del pueblo, lo dicho en alusión a lo manifestado por el Dr. Saiz en su indagatoria.

 

En relación al hecho investigado sostuvo el Señor Agente Fiscal que entendía que se había superado la etapa de precariedad que se tenía y que la prueba colectada permitía encuadrar el hecho en el Artículo 248 del Código Penal. Indicó en relación al accionar del entonces Gobernador que aquel había recibido una denuncia y debió formar el correspondiente sumario, dijo que Savini era funcionario del estado, y que independientemente de la razón o no del planteo efectuado, la denuncia estaba correctamente fundada y lo que hoy se achaca al entonces Gobernador no guardaba relación con que Savini presentara o no incompatibilidades sino que la imputación versaba sobre algo distinto. Indicó que la Ley es clara en sus Artículos 24 y 25, por tanto siendo Savini funcionario público, el imputado debió iniciar el sumario, el Gobernador, máxima autoridad de la provincia, no estaba facultado a obviar el inicio de esa prevención sumarial, y en ese sitio es en el que finca el dolo. Indicó que Jañez fue clara en cuanto al procedimiento pero sin perjuicio de lo señalado, Saiz debió iniciar el sumario, en esta ocasión no se están investigando incompatibilidades o cual era el procedimiento interno de la Secretaría Legal y Técnica, la imputación es clara y está fundada, indicó que Saiz no tenía facultades para rechazar in limine la presentación y allí radica el dolo en la conducta del autor. Así el Señor Fiscal de Cámara recalificó la conducta del imputado bajo la figura del Artículo 248 del código penal a título de abuso de autoridad por omisión en el cumplimento de la Ley, indicando que el Gobernador no quiso hacer lo que le correspondía, reiteró que el funcionario imputado no estaba facultado para rechazar in limine la presentación y lo hizo, por ello, tomando en consideración que se trataba de la máxima autoridad provincial pidió que al momento de dictar sentencia se lo condene a la pena de seis meses de prisión en suspenso más la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el término de doce (12) meses.

 

A continuación, el Señor Defensor del imputado, Dr. Miguel Cardella, alegó que el ex gobernador Saiz era absolutamente inocente, aludió a una permanente violación del derecho de defensa en el proceso, en virtud de los constantes cambios de calificación que había recibido la conducta reprochada, indicó que Saiz no se había negado a cumplir con la ley, sostuvo que la situación debía analizarse a la luz del Artículo 181 inciso 14 que señala al Gobernador como el jefe de la administración y también bajo la óptica de la Ley 2938 de procedimiento administrativo, indicó que todos los sumarios tienen que estar dirigidos bajo la órbita de esa norma. Señaló que de ningún modo Saiz quiso incumplir la Ley. Remarco que a fs. 5 la entonces Defensora del Pueblo le pidió al Gobernador que evaluara la formación del sumario, haciendo también mención a la Ley de Sociedades y en el petitorio solicitó incoar el sumario, ello luego de que el Señor Gobernador evaluara el pedido. En relación al dolo sostuvo que Saiz no redactó la nota sino que las mismas pasaban por las áreas correspondientes e indicó que el rechazo in limine no existió. Hizo alusión a que el proyecto de la Ley 3550 no preveía la información sumaria. Sostuvo el Señor Defensor que el Artículo 24 de la Ley 3550 dice "dará origen" no dice "deberá" sostuvo a su vez que ningún funcionario está obligado por la norma en particular, no obstante Saiz dio intervención a la Secretaría Legal y Técnica y ellos le dijeron lo que debía responder, mas, se preguntó el Dr. Cardella, ¿Qué sucede si no se da origen al sumario?, respondiendo que el Artículo 26 de la Ley 3550 dispone que fuera la Fiscalía de Investigaciones Administrativas la que iniciara de oficio el mismo, a pesar de ello, indicó, los titulares de ese organismo no iniciaron esa información sumaria. Continuó preguntándose el Señor Defensor si Saiz tenía la obligación de iniciar el sumario, indicando que no era así, que aquella obligación existía solo ante la presunción de un delito, así surgía del diario de sesiones. Indicó además la defensa, que existen obligaciones que establece la Ley 3550 las que enumeró. Sostuvo que Saiz no fue intimado por nadie para iniciar el sumario, indicando que un fallo judicial podía intimarlo, agregando que no existió ningún recurso ni petición, sólo la denuncia. En relación al dolo en la conducta de Saiz retomó su análisis indicando que no existió. Sostuvo que la figura requiere del dolo directo, indicó que Saiz no conocía la ilicitud de su conducta, relató que el Ministerio Público Fiscal no evaluó que la nota no la confeccionó Saiz sino la Secretaría Legal y Técnica por ende Saiz actuó bajo un error, Saiz recibió la denuncia de la defensora del pueblo y la pasó a la Secretaría Legal y Técnica, el mismo imputado sostuvo que actuó bajo derecho según su leal saber y entender. Afirmó que Saiz no estaba obligado a cumplir con lo requerido, indicando que Jañez misma sostuvo que no le sugirieron ninguna respuesta, volvió a reiterar que no existía dolo en tanto el mismo había sido excluido por el error en que había incurrido Saiz, además señaló que su defendido no tuvo una conducta de incumplir la Ley en tanto el Artículo 24 de la Ley 3550 no lo obligaba.

 

Para finalizar el imputado efectuó una serie de consideraciones que entendió útiles a su defensa haciendo mención de algunos hechos de trascendencia pública que a su entender no habían sido investigados por el Ministerio Público Fiscal, haciendo alusión también a pactos existentes entre el funcionarios públicos que accedieron al poder luego de su mandato incluyendo en ellos a la denunciante, Escribana Ana Piccinini, ello entre otras cosas culminando su alocución sosteniendo que si era condenado en estos Autos, a la sentencia la pondría "en un cuadrito" junto a su título de abogado, intendente, legislador y gobernador.

 

Y CONSIDERANDO:

 

Iniciada la etapa valorativa de lo acaecido en el debate, con más los elementos de prueba incorporados al juicio, corresponde dirimir las cuestiones, respetando en lo posible el orden establecido en el art. 374 del ritual.

 

Por ende, cabe preguntarse las siguientes cuestiones:

 

Primera: ¿Se ha acreditado el hecho materia de reproche penal y, en su caso, la participación responsable en el mismo por parte del traído a juicio?

 

Segunda: ¿Cuál es la calificación jurídica que resulta la adecuada?

 

Tercera: ¿Que pronunciamiento deberá dictarse en definitiva?

 

Primera cuestión:

 

I.- Como dijera al inicio de la presente, el hecho por el cual se lo trajo a debate al Dr. Miguel Angel Saiz fue fijado en los siguientes términos por el Agente Fiscal en el requerimiento de elevación a juicio de fs. 303/305: Habría ocurrido en esta ciudad de Viedma (RN) a partir del 11 de agosto de 2010. Conforme lo denunciado por la entonces Sra. Defensora del Pueblo de la Pcia. de Río Negro, Dra. Ana Ida Piccinini, la nombrada, en fecha 20 de mayo de 2010 formalizó denuncia ante el Sr. Gobernador de esta Provincia solicitando la correspondiente prevención sumaria en los términos de los arts. 24 y siguientes de la Ley 3550, a fin de que se evaluara la presunta infracción a dicha Ley de Ética e Idoneidad en la Función Pública por parte del Sr. Gabriel Savini, Secretario de Estado Control de Gestión de Empresas Públicas, dado que el mismo estaría incurriendo en las incompatibilidades previstas en la Ley de Ministerios Nº 4002 y en la propia Ley 3550, toda vez que se desempeña como Presidente del Directorio de la Empresa de Desarrollo Hidrocarburífero Provincial Sociedad Anónima (EDHIPSA). El entonces Señor Gobernador, Dr. Miguel Ángel Saiz, en forma ilegal habría rehusado hacer un acto propio de su función, toda vez que mediante nota 015/2010 del 11 de agosto de 2010 no hizo lugar a la promoción sumarial solicitada por la Sra. Defensora del Pueblo, incumpliendo con la obligación legal impuesta por la Ley Provincial 3550.

 

II.- Ante tal imputación, en el acto de indagatoria del debate, el imputado haciendo uso del derecho constitucional que le asiste, declaró efectuando distintas consideraciones que entendió útiles a su postura exculpatoria. Así, señaló que los ingresos a su área se derivaban a la secretaría legal y técnica, sosteniendo que en este tema específicamente hubo una consulta a la Secretaría legal y técnica pero no quedó copia de la misma. Indicó asimismo que el Dr. Savini prestaba funciones bajo su órbita y afirmó conocer lo que la Ley de Etica Pública decía. Luego, a preguntas del Señor Defensor indicó que la nota en respuesta al requerimiento de la Defensora del Pueblo estaba confeccionada por la secretaría Legal y técnica y el sólo la firmó. Sostuvo además que no fue intimado para iniciar ninguna actuación sumarial y preguntado si a su entender actuó ilegalmente, contestó que no, para nada.

 

Para finalizar Saiz hizo mención de algunos hechos de trascendencia pública que a su entender no habían sido investigados por el Ministerio Público Fiscal. En la misma ocasión también destacó la existencia de ciertos pactos entre los funcionarios públicos que accedieron al poder luego de su mandato, incluyendo en ellos a la denunciante, Escribana Ana Piccinini, ello entre otras cosas culminando su alocución sosteniendo que si era condenado en estos Autos, pondría la sentencia "en un cuadrito" junto a su título de abogado, intendente, legislador y gobernador"

 

III.- Analizados que fueron los elementos probatorios e indiciarios producidos tanto en la audiencia como los incorporados por su lectura y las valoraciones que de aquéllos han efectuado las partes, puede adelantarse sin duda alguna que el hecho enrostrado al Dr. Saiz ha ocurrido tal cual fuera relatado en el requerimiento de elevación a juicio, y que también se ha acreditado la participación responsable en el mismo por parte del imputado.

 

Se inician los presentes mediante el escrito de la entonces Defensora del Pueblo de la Provincia de Río Negro, Escribana Ana Ida Piccinini (fs. 1/3) quien denunció ante el Ministerio Público Fiscal lo que entendía un hecho que constituía un delito, el cual había sido cometido por el entonces Gobernador de la Provincia, Dr. Saiz. Ya en el relato del hecho, la denunciante destacó que, en mayo de 2010 había formalizado una presentación solicitando la formación de una prevención sumaria en los términos del Artículo 24 y siguientes de la Ley 3550, ello a fin de evaluar el eventual quebrantamiento de la citada norma por parte del entonces funcionario provincial Dr. Gabriel Savini, quien según sus dichos estaría incurriendo en incompatibilidades previstas en la Ley de Ministerios Nº K 4002. En el mismo escrito la denunciante describe la incompatibilidad y además enumera sus presentaciones ante el Gobernador pidiendo que se dé inicio a la correspondiente investigación.

 

En relación con lo señalado y ya en directa conexión con la imputación formulada por el Ministerio Público Fiscal en el reproche de fs. 303/305, se observa a fs. 5/12 la denuncia efectuada por la Escribana Piccinini recibida en la Secretaría Privada del Gobernador en fecha 20 de mayo de 2010, en la ocasión la entonces Defensora del Pueblo instó la prevención sumaria a los efectos de que la autoridad superior evaluara la presunta infracción a la Ley 3550 de Etica e Idoneidad en la Función Pública por parte del Dr. Gabriel Savini, señalando que el mismo estaría incurriendo en las incompatibilidades previstas en la Ley de Ministerios K 4002 y en la propia Ley Nº 3550, en el resto de su presentación la Escribana Piccinini fundó la misma explicando el marco dentro del cual entendía la existencia de las incompatibilidades que denunciaba. En líneas generales indicaba que el Dr. Gabriel Savini como Secretario de Estado de Control de Gestión de Empresas Públicas y Relaciones Interprovinciales del Gobierno, autoridad creada por la Ley K 4002 y que dependía del Dr. Saiz, en tanto Gobernador provincial, se hallaba en una incompatibilidad de funciones y en una situación irregular al desempeñarse como Presidente del Directorio de la Empresa de Desarrollo Hidrocarburífero Provincial Sociedad Anónima (EDHIPSA).

 

En su presentación la denunciante describía ampliamente por qué advertía la incompatibilidad sosteniendo que la misma nacía de la circunstancia de que Savini en su doble calidad funcional era en sí mismo controlante y controlado.

 

Además de ello solicitaba al Gobernador que incoara el correspondiente sumario con notificación a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas en el plazo de 24 hs.

 

Con posterioridad a ello, se observa una nueva nota –Nº 1065/10 "DPRN"- (fs. 13), la cual se encuentra fechada el 26 de julio de 2010 mediante la cual la entonces Defensora del Pueblo requería se le informara si se había procedido a la formación del sumario y a la notificación a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

 

En respuesta tanto a la denuncia presentada en fecha 20 de mayo de 2010 como a la nota a la que aludí en el párrafo anterior, el entonces Gobernador, Dr. Miguel Angel Saiz remitió la nota Nº 015/2010 fechada el 11 de agosto de 2010(fs. 14/15) en la que informa a la Escribana Piccinini que "atento no corresponder, no se hace lugar a la promoción sumarial respecto del Dr. Gabriel Savini".

 

Vale destacar que el Dr. Saiz funda su negativa en que la ley 3550 es inaplicable al caso denunciado, señalando que si bien la misma alcanza a Secretarios de la Administración Pública Provincial, no regula lo concerniente a las incompatibilidades de los mismos para ser administradores de una Sociedad Comercial Estatal, lo que se encuentra regulado por la legislación especial (Ley 19.550), remitiéndose a los Artículos 310 y 264 de la citada norma.

 

Afirmó además en su nota que el Artículo 19 de la Ley 3550 prevé las incompatibilidades para ser funcionario público, entre las que no se encuentra la del Director de Sociedades Anónimas con participación mayoritaria. Agregando que el cargo de Director de Sociedades Anónimas no es estrictamente un cargo o empleo público en el sentido a que se refiere la norma y que el Dr. Savini no percibía remuneración u honorario alguno en la función en el órgano societario.

 

Finaliza el Dr. Saiz evaluando que resulta erróneo aplicar al caso las incompatibilidades establecidas por el Artículo 25 de la Ley K 4002 en tanto dicha norma comprende exclusivamente a los Ministros no autorizando ni su letra ni su espíritu a interpretarse amplia o analógicamente como pretende.

 

Es en los actos administrativos apuntados hasta aquí y en su confrontación con las Leyes Nº 4002 y L 3550, donde encuentro palmaria la verificación, no sólo del hecho materia de reproche penal, sino también de la autoría responsable en el mismo por parte del Dr. Saiz.

 

Como dije, lo afirmado guarda estrecha relación con el texto de la Ley Nº L 3550 de Etica e Idoneidad de la Función Pública, ello así en tanto, a pesar del denodado esfuerzo de la defensa técnica del imputado por quitar la conducta de Saiz del marco fijado en la acusación fiscal, la tarea le ha resultado absolutamente vana.

 

Lo dicho en tanto no le era posible al encartado, tal como él mismo y su defensor pretenden, sortear la norma como lo hizo mediante la nota Nº 015/2010, lo dicho surge sin hesitación de lo reglado en los Artículos 25 y 24 de la Ley L 3550.

 

A pesar de lo declarado por el imputado en su defensa, lo manifestado por la testigo Jañez en la audiencia frente al Tribunal y de lo alegado por el Dr. Cardella, la realidad sigue siendo una y sólo una, el entonces Gobernador tuvo frente a si a partir del día 20 de mayo de 2010 una "denuncia debidamente fundada de terceros" ello en los términos del Artículo 25 de la Ley L 3550 y ante ella no le quedaba otro camino más que iniciar una "investigación sumaria" en los términos ordenados por el Artículo 24 de la misma Ley, notificando dentro de las 24 hs. a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

 

La sola lectura de los Artículos de mención aleja de la realidad la intención de la defensa en torno a que la Ley no le ordenaba a Saiz iniciar la investigación sumaria pedida por la Defensora del Pueblo, aquella obligación si existía y así lo determina el Artículo 24 de la Ley L 3550 cuando imperativamente establece que la presunta infracción a la norma "dará origen" a ese proceso de investigación.

 

Saiz no solo estaba obligado a iniciar el sumario que la Escribana Piccinini le pedía, sino que además no guardaba dentro de sus facultades la de esquivar aquel origen, debía iniciar la investigación y además, en el exiguo plazo de 24 hs., tenía que notificar a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

 

Lejos de proceder como la Ley manifiestamente se lo señalaba, el imputado retrasó innecesariamente los pasos y recién, casi tres meses después, luego de que la denunciante presentara la nota Nº 1065/10 "DPRN" confeccionó su respuesta mediante nota Nº 015/2010 del 11 de agosto de 2010 en la que hacía saber a la Defensora del Pueblo que "atento no corresponder, no se hace lugar a la promoción sumarial respecto del Dr. Gabriel Savini".

 

La documentación anexada a este expediente lejos está de corroborar los dichos de Saiz en su indagatoria y lo alegado por el Señor Defensor, Dr. Cardella, obsérvese que, según surge de fs. 131 desde la Secretaría Privada del Gobernador se efectuó el pase Nº 1151 de la nota Nº 1065/10 "DPRN" de la Defensora del Pueblo hacia la Secretaría Legal y Técnica el día 27 de julio de 2010 y aquel pase tuvo como finalidad la de "asignar el curso pertinente" no fue hecho ni con el fin de "darme su opinión" ni para "asesorarme verbalmente" o para "asesorarme por escrito" tampoco se lo hizo para "contestar". Ello desbarata la defensa del imputado que sostuvo haber enviado la nota para que se confeccionara la respuesta, a lo que se suma que no existe en la Secretaría Legal y Técnica constancia de devolución de la nota, lo que me impide valorar como cierto que la nota Nº 015/2010 del 11 de agosto de 2010 firmada por el imputado fuera confeccionada en la Secretaría Legal y Técnica tal como fuera afirmado en la audiencia de debate.

 

Aquella inobservancia en la ejecución de la Ley Nº L 3550 no culmina allí, sino que el imputado tampoco notificó de la denuncia a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas desoyendo así nuevamente el Artículo 24 de la Ley L 3550.

 

Va de suyo que Saiz, en relación al Dr. Savini y su calidad funcional, era el único obligado a proceder conforme lo ordenaba la Ley L 3550, ello en tanto el Artículo 8 de la Ley 4002 de Ministerios, ponía al Secretario de Control de Gestión de Empresas Públicas y Relaciones Interprovinciales (Dr. Savini) bajo su exclusiva dependencia, ello torna aún más clara la acreditación del hecho reprochado y su autoría por parte de Saiz entonces Gobernador.

 

A la hora de analizar porque no se tramitó debidamente el pedido de la Defensora del Pueblo acudo al testimonio brindado por la Dra. Jañez, el cual resultó sumamente útil para aclarar ciertas cuestiones relacionadas a las formas en que se conducía el poder político gobernante, o al menos el entonces Gobernador, en determinados aspectos vinculados con la actuación de la también entonces Defensora del Pueblo, la escribana Piccinini.

 

Según interpreto de lo declarado por la testigo, existía una particular visión en torno a los requerimientos y denuncias efectuadas por la Defensora del Pueblo, sostuvo Jañez que según su mirada la escribana Piccinini se había erigido en una especie de fiscal del pueblo y que se ungía asimismo de funciones que, según Jañez, no tenía. A raíz de ello se ideó un modo sistémico de actuar frente a sus planteos, ello consistía en establecer primeramente si la actuación de la Defensora del Pueblo, en el caso que se tratara, según su interpretación, se encontraba dentro de sus facultades y luego de elaborado aquel examen, se procedía a la contestación, siempre que ello correspondiera.

 

Indicó incluso la testigo que la actuación de la defensora del pueblo debía darse "del otro lado del mostrador", indicando que no podía advertirles a los funcionarios como actuar.

 

Se podrá coincidir o no con aquella afirmación, no me es posible un análisis exhaustivo de la misma en este expediente en función a lo acotado de la situación que me toca juzgar, más un ligero examen de la afirmación me conduce a recordar la importancia de la publicidad de los actos de gobierno en el estado de derecho en que el imputado Saiz gobernaba.

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Claude Reyes y otros vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas", Sentencia del 19 de septiembre de 2006 sostuvo que "el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas. El acceso a la información bajo el control del Estado, que sea de interés público, puede permitir la participación en la gestión pública, a través del control social que se puede ejercer con dicho acceso".

 

En el mismo fallo, la Corte indicó que "El control democrático, por parte de la sociedad a través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública. Por ello, para que las personas puedan ejercer el control democrático es esencial que el Estado garantice el acceso a la información de interés público bajo su control. Al permitir el ejercicio de ese control democrático se fomenta una mayor participación de las personas en los intereses de la sociedad"

 

Así entonces, analizado lo declarado por la entonces titular de la Secretaría Legal y Técnica, Dra. Jañez a la luz de lo dicho por la CIDH, me encuentro si en condiciones de cuestionar severamente el tratamiento que según ella se efectuaba respecto de las presentaciones de la Escribana Piccinini, flaco favor le hacía al sistema democrático de gobierno aquel método analítico que obraba de impropio tamiz.

 

Además, aparece como un contrasentido sostener como lo hizo Jañez, que la defensoría del pueblo no era un órgano de control estricto como el tribunal de cuentas o la fiscalía de investigaciones administrativas y cuando la Ley L 3550 en su Artículo 24 le ordenaba comunicar en 24 hs. a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas respecto de la existencia de la denuncia, no hacerlo de modo antojadizo.

 

En el mismo sentido del análisis se tiene lo indicado por el Dr. Saiz en su nota Nº 015/2010 cuando afirmó que resultaba erróneo aplicar al caso las incompatibilidades establecidas por el Artículo 25 de la Ley K 4002 en tanto dicha norma comprende exclusivamente a los Ministros no autorizando ni su letra ni su espíritu a interpretarse amplia o analógicamente como pretende.

 

Pareciera que el Dr. Saiz aplica antojadizamente la interpretación amplia ya que, según su entender aquella no era posible en el caso de la Ley de Ministerios Nº 4002, más si le fue posible en el caso del Artículo 24 de la Ley L 3550, que dicho sea de paso y como ya lo he desarrollado no lo preveía.

 

A esta altura no me quedan dudas en torno a la producción del hecho materia de reproche penal como así tampoco a la autoría responsable del mismo por parte del imputado Miguel Angel Saiz.

 

Frente a lo expresado hasta aquí encuentro los argumentos brindados por el mismo imputado en su declaración indagatoria, algunos de los cuales encuentran cierto correlato con lo manifestado sobre todo por la testigo Jañez que declaró en la audiencia de debate con algunas similitudes respecto del imputado.

 

Respecto del descargo brindado por el incuso y el testimonio mencionado, que tienen por fin, en líneas generales, quitar responsabilidad en cabeza de Saiz en cuanto a la confección de la nota Nº 015/2010, no se presenta como una valla difícil de sortear, me parece lógica la conducta de Saiz al brindar una versión de los hechos que lo desincrimina, la que indudablemente sería solventada por la testigo Jañez, indudablemente de su círculo de más absoluta confianza, en tanto era su Secretaria Legal y Técnica por lo cual le brindaba el servicio administrativo, atendía todo su despacho, lo asesoraba legal y técnicamente en todos sus actos, en ese sentido, tanto Saiz como Jañez así lo afirmaron al indicar que todo lo que entraba se giraba a la Secretaría Legal y Técnica.

 

A pesar de ello, no debe perderse de vista que el análisis de la prueba que se produjo en éstos Autos se efectuó conforme las reglas de la sana critica racional, que establece la más plena libertad de convencimiento de los jueces, exigiendo que las conclusiones a que se llega sean el fruto razonado de las pruebas en que se las apoye.

 

No intento desmerecer el esfuerzo del imputado o el de su defensor al efectuar su descargo a fin de mejorar su posición procesal frente a la imputación, lo que si sostengo es que aquel intento no ha resultado suficiente para torcer el sólido plantel probatorio que hallo en favor de los cargos que el incuso enfrenta.

 

Digo ello en el entendimiento de que ni el imputado Saiz ni Jañez han logrado alterar con sus versiones la hipótesis inicial que exhibe al ex gobernador respondiendo tardíamente, de modo impropio y por fuera de la manda legal que le imponía la Ley L 3550 ante una denuncia fundada remitida por la Defensora del Pueblo.

 

Lo afirmado surge de la propia lectura de las leyes de Ministerios Nº 4002 en su Artículo 8, de Etica e Idoneidad de la Función Pública en sus Artículos 24, 25, sgtes. y cctes., como así también de la denuncia formulada por la Defensora del Pueblo, de su nota Nº 1065/10 "DPRN", de la documental adjuntada a fs. 131 remitida por la Secretaría Legal y Técnica y de la nota Nº 015/10 firmada por el gobernador Saiz.

 

Así, las razones esgrimidas en la última parte del párrafo anterior son las que otorgan prevalencia a una prueba sobre otra, ergo a la acusación del Ministerio Público Fiscal por sobre la versión del imputado.

 

Con esto también descarto el intento de la defensa de sostener que no existió dolo directo en la conducta del imputado Saiz ya que el mismo habría quedado excluido al haber actuado Saiz mediando error. En líneas generales el Dr. Cardella indicó que Saiz había firmado la nota pero que no la había confeccionado, sino que la misma había sido redactada desde la Secretaría Legal y Técnica.

 

En torno a éste tópico, existe prueba (fs. 131) de que se efectuó el pase Nº 1151 desde la Secretaría Privada del Gobernador hasta la Secretaría Legal y Técnica en fecha 27 de julio de 2010 y que el pase incluyó la nota Nº 1065/10 "DPRN" firmada por la Defensora del Pueblo, mas no existe prueba documental alguna respecto de la devolución de alguna respuesta en torno al tema.

 

En relación al pase, tampoco existe prueba documental de que aquel se halla efectuado para elaborar esa respuesta que luego tuvo por Nº el 015/10, sino que según la documental de fs. 131 el objeto del pase fue "asignar el curso pertinente". En todo caso si se hubiera pretendido que la respuesta a firmar por el imputado fuera confeccionada por la Secretaría Legal y Técnica debió haberse remitido el pedido de la Defensora del Pueblo a fin de "darme su opinión" o "asesorarme verbalmente" o "asesorarme por escrito" o incluso también para "contestar", mas aquellos no fueron los fines del pase.

 

Ausente la prueba documental, y evaluando el pretendido error que en hipótesis habría excluido al dolo, debo acudir a fin de constatar los dichos de Saiz a la prueba testimonial y en relación a ella, solo encuentro la declaración de Jañez, quien si bien afirmó que la nota había sido confeccionada en la Secretaría Legal y Técnica a su cargo, no recordó quien fue el encargado del trámite, mencionando en su declaración lo que ocurría en la generalidad de los casos. Como se ve, la indeterminación de la declaración de la testigo en relación a la imputación concreta que pesa sobre Saiz, me aleja de poder tomar su testimonio como un elemento probatorio de descargo firme a favor del imputado.

 

En el mismo sentido, me resulta improbable que la titular del organismo se olvide de la identidad del letrado que, en hipótesis, habría llevado adelante el trámite, sobre todo cuando ella misma asignó una trascendencia superlativa a las presentaciones de la Defensora del Pueblo, las que según la misma Secretaria Legal y Técnica indicó que tenían un trámite diferenciado en cuanto al análisis. Además de ello, sólo 5 eran las personas que trabajaban en el organismo a su cargo. No descreo de los dichos de Jañez, más las imprecisiones que presenta respecto del cargo concreto contra Saiz me llevan a otorgar prevalencia a la prueba documental recogida, la que si brinda mayores certezas en torno al tema.

 

Así entonces, teniendo frente a mí la nota Nº 015/10 firmada por el Gobernador Saiz, no me queda más camino que colegir que él mismo la confeccionó para luego rubricarla, ello en tanto la única prueba en contrario la encuentro en sus dichos y la imprecisa afirmación de Jañez, lo que según advierto no posee la fuerza convictiva que si encuentro en la prueba documental aludida.

 

En relación al insinuado "error" que excluye al dolo, y mediante el cual, en hipótesis, habría obrado Saiz, ello según lo alegado por el Defensor del imputado, se estaría entonces refiriendo al "error de tipo", que ciertamente excluye el dolo porque recae sobre "los elementos que integran la acción típica en su objetividad sean ellos de hecho, o de derecho" ello según lo sostiene Creus en su obra Derecho penal. Bs. As. Astrea. 1999. Pág. 338.

 

La doctrina en general habla de un error de tipo que excluye al dolo. Así, Gunter Stratenwerth, pese a entender que ello se trata de una trivialidad, afirma que si de algún modo no están cumplidas estas exigencias de conocimiento de los elementos del tipo objetivo, que integra el dolo, tampoco puede haber dolo. "Derecho Penal. Parte General I. El hecho punible. Hamurabi. 2008. Página 179.

 

Por su parte Bacigalupo, en su obra "Tipo y error" Editorial Hammurabi SRL. 1988. Pág. 144 apunta que "El que obra con un error de tipo no sabe lo que hace, en el sentido de que no sabe que realiza un tipo penal". En igual sentido puede verse Zaffaroni, Roxin, entre otros. Para este último el error de tipo solo afecta al conocimiento de las circunstancias del hecho. Derecho Penal. Parte General I. Civitas. 2015. Página 459.

 

Jescheck sostiene que es la "negación del contenido de la representación requerido para el dolo" Tratado de derecho penal. Barcelona. Bosch, casa editorial, S.A. Tomo I. Pág. 412.

 

Dicho esto, resulta insostenible lo afirmado por el Dr. Cardella en relación a que su cliente obró mediando error, ello en tanto fue el mismo imputado que al inicio de su declaración, principiado el debate y preguntado por el Señor Agente Fiscal, afirmó sin dudar que conocía lo que la Ley de Etica e Idoneidad de la Función Pública decía, tal circunstancia además de lo dicho en los párrafos anteriores descarta plenamente la existencia del aludido error.

 

En definitiva, la prueba señalada me permite entonces, concluir con el grado de certeza requerido en esta etapa del proceso, que Miguel Angel Saiz no ejecutó las disposiciones contenidas en los Artículos 24, 25, sgtes. y cctes. de la Ley L 3550, dando inicio luego de la denuncia fundada efectuada por la Escribana Piccinini, estando obligado a ello en tanto así lo disponían los Artículos de mención.

 

En ese marco la sólida convicción de la existencia del hecho y la participación de Saiz, en los términos del requerimiento de elevación a juicio, se ve reflejada en la cadena indisoluble de pruebas e indicios en ese único sentido, descartando que el obrar del imputado se encuentre amparado en alguna causal de justificación.

 

Segunda Cuestión:

 

Conforme me he expedido en la cuestión precedente, corresponde aquí encuadrar jurídicamente la conducta del imputado. En autos se está frente al delito de Abuso de Autoridad por omisión de la ejecución de la Ley.

 

En relación a la conducta tipificada en el artículo 248 del Código Penal dice Donna que todas ellas contemplan un despliegue arbitrario en la función, contrariando lo que constitucional o legalmente es lo debido y obligatorio. Es necesario recordar que, tal y como lo sostiene Núñez, el abuso de autoridad no es una extralimitación funcional en el sentido extensivo, sino que es un mal uso de la autoridad dentro de la propia función; es cuando el funcionario emplea la autoridad recibida para violar la Constitución o las leyes. Se trata del funcionario público que utiliza su cargo a los efectos de actuar ilegalmente (Derecho Penal, Parte Especial, Tomo III, página 164).

 

En tal sentido, en relación con lo que he afirmado hasta aquí y con los fundamentos brindados, observo que Saiz en sus procederes contrarió lo normado por la Ley L 3550, incumpliendo la manda de los Artículos 24 y 25 de dicha norma omitiendo de tal modo y ante una denuncia debidamente fundada, dar origen a la investigación sumaria que correspondía y además omitió notificar de tal circunstancia a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas en el plazo de 24 hs., enmarcando de tal forma su ilícito accionar en la figura contenida en el artículo 248 última parte del Código Penal.

 

Sostiene Donna en relación a la conducta analizada que en cuanto a la no ejecución de leyes cuyo cumplimiento le incumbe, sigue siendo válido el criterio antes enunciado, que consiste en omitir cumplir con la ley, pero de una manera intencional, esto es con dolo, de manera que queda de lado toda conducta negligente. Se trata de una omisión que consiste en la inobservancia de la ley, esto es no hacer, no ejecutar, no cumplir lo que la ley manda expresamente hacer al funcionario dentro de su autoridad funcional.(...) Se trata, como se puede ver, de una forma de omisión impropia, ya que el funcionario está obligado a cumplir con la ley, de manera que tiene en este caso una posición de garantía que surge de la calidad de funcionario, que por otra parte especializa el delito(página 166/167), por su parte Creus y Buompadre señalan respecto al mismo ítem en análisis que la tercera forma pune la conducta omisiva de no ejecutar las leyes cuyo cumplimiento incumbe al funcionario (...) aquí el abuso consiste en la decisión de no ejecutar la ley, es decir, de no aplicarla, prescindiendo de ella como si no existiera (Derecho Penal, Parte Especial, Tomo 2, páginas 264/265) y esa es la conducta que se advierte desplegó el imputado Saiz.

 

En cuanto a los argumentos brindados por el imputado en su descargo sigo entendiendo que los mismos no alcanzan a conmover el sólido plantel probatorio de autos que si obra en su contra.

 

Volviendo a la versión del imputado y ya en prieta síntesis, Saiz, a la vez que afirmó sin más que conocía lo ordenado por la Ley L 3550, también indicó que entendía que su actuar no era ilegítimo y ello ocurrió a la misma vez que afirmó que la nota no había sido confeccionada por el cuándo lleva su firma y no existe prueba concreta y firme de la devolución del pase Nº 1151, como se ve, me resulta imposible estar a sus dichos, los que encuentro sin la capacidad persuasiva que si hallo en la prueba documental.

 

En síntesis, la conducta desplegada por Saiz queda plenamente encerrada en el escenario representado por Marco Antonio Terragni (en Delitos Propios de los Funcionarios Públicos, pag. 59), cuando indica: "El art. 248 del C.P. describe la conducta de un funcionario que, por su propia voluntad reemplaza el catálogo de atribuciones (y correspondientes limitaciones) que las normas jurídicas le asignan. Caracterológicamente puede imaginarse que a un sujeto así no le importa lo que dice la ley, sino que solo desea hacer lo que él quiere. Hay funcionarios que, so pretexto de ser ejecutivos, creen que su poder es superior. Prepotentes, le importa poco lo que dice el texto escrito, y así que se rigen por sus propias pautas. Quien abusa de la autoridad y hace mal uso de ella, imponiéndose de manera extraña a lo que regularmente corresponde, en la esfera de su actuación, es el equivalente a un autócrata. Al prever un castigo para una conducta, el Estado procura salvaguardar el interés general de que no haya comportamientos de este tipo, los que son perniciosos ya que debe infundirse a los miembros de la sociedad la convicción de que el respeto a la ley es lo único que permite vivir armoniosamente en comunidad".

 

Para finalizar, encuentro que el imputado en todo momento se propuso minimizar la imputación que pesa sobre él, aludiendo a otros asuntos, muchos de ellos de público conocimiento (causas "PER", firma en hipótesis apócrifa del ex gobernador Soria, etc.), discerniendo que parecía que esos casos no eran delito para el Ministerio Público Fiscal de esta provincia y si lo era este caso. El imputado llegó incluso a manifestar que si era condenado en estos Autos, a la sentencia la pondría "en un cuadrito" junto a su título de abogado, intendente, legislador y gobernador.

 

Quizá la presente investigación no tuvo como fin último descubrir la verdad real en un caso de corrupción de una magnitud inusitada donde hubieran millones de pesos en juego, pero me veo en la necesidad de rememorarle al imputado Saiz, de profesión abogado, según el mismo dijo, que los jueces estamos para impartir justicia en todos los casos que las partes pongan a nuestra consideración, inclusive éste caso en el que hoy dicto sentencia.

 

Disiento en este punto con la opinión del imputado porque yo si encuentro en esta investigación un asunto trascendente, porque quien se negó a ejecutar una Ley cuyo cumplimiento le incumbía era, para el caso, ni más ni menos que el primer mandatario de la provincia de Río Negro, ergo el garante primario y fundamental de la institucionalidad del estado rionegrino, ello representaba todo un símbolo en cuanto al modo de ejercer su función y el poder que la ciudadanía le había delegado.

 

Es que, conforme los sostiene Molinas, resulta de trascendental importancia de un sistema republicano y democrático, la valoración adecuada del fin jurídico tutelado por la norma, es decir, la regularidad del funcionamiento de la Administración Pública y la legalidad de los actos administrativos o la función pública entendida como servicios que la Administración presta a la sociedad. Doctrina Penal. Teoría y práctica en las Ciencias Penal. Año 11. Depalma. 1988, página 513.

 

Puede haberle significado a Saiz un fastidio la presentación de la Defensora del Pueblo, más el estado de derecho imperante y en el que el Dr. Saiz gobernaba le imponía una obligación primordial, la de cumplir la Ley sin más, fielmente, sin interpretaciones extrañas como la organizada en la Secretaría Legal y Técnica.

 

A mi juicio, el ejercicio abusivo tuvo lugar, en tanto y en cuanto, el ex gobernador, verificó una conducta omisiva de la actividad necesaria para lograr el correcto desenvolvimiento de la Administración, afectando el bien jurídico protegido, cual es, "la Administración pública tratando de preservar la legalidad de los actos administrativos", Creus. Delitos contra la administración pública. Astrea. 1981, página 187.

 

Es bueno recordar que la función pública que ocupamos nos coloca en el sitio de garantes irrestrictos del cumplimiento de la Ley, el mismo imputado se sentó en el debate oral y público y en el momento de declarar dijo lo que entendió conveniente a su descargo y lo hizo sin restricciones, sostuvo afirmaciones que, quizás, a mi entender, poco tenían que ver con su defensa técnica, mas no se le impidió que las dijera, era su derecho y había que respetarlo porque así correspondía y porque la Ley así lo ordena, esa misma conducta debió haber tenido Saiz ante la presentación de la entonces Defensora del Pueblo, por más desagrado que la misma le hubiese generado, su función así lo obligaba, su función y el Artículo 24 de la Ley L 3550.

 

He de subrayar que los dichos de Saiz en relación a los asuntos o investigaciones judiciales que enumeró no habrán caído en saco roto ya en la audiencia estaba el representante del Ministerio Público Fiscal que seguramente habrá obrado en consecuencia o lo hará en el futuro, mas aquellas investigaciones o las conclusiones a las que en ella se arribe, no le restan al imputado responsabilidad en el hecho que hoy se juzga.

 

Tercera Cuestión:

 

Al momento de fijar la pena, se tiene en cuenta en primer lugar la índole del delito y las circunstancias en que el mismo se produjo.

 

La magnitud del injusto es particularmente grave en relación a lo institucional como ya lo he expresado algunos párrafos antes, ello en tanto el Autor, al momento de cometer el hecho era ni más ni menos que el Gobernador de la Provincia, ergo el garante primero del respeto incondicional de las normas, lo cual lo ubica en una posición especial al momento del tratamiento de este acápite.

 

Vale en este punto poner de resalto lo indicado por D´Alessio en torno a la pena, "La determinación o individualización de la pena es el acto o procedimiento mediante el cual el juez fija las consecuencias de un delito, adecuando la pena abstractamente determinada por la ley al delito cometido por el autor. Para ello, el juzgador pondera la infracción, el ilícito culpable, y lo transforma en una medida de pena determinada" (Código Penal Comentado y Anotado, Andrés José D´alessio, T. I, Pág. 633).

 

También se ha dicho que "La única pauta interpretativa es que la pena debe ser decidida tomando en cuenta la gravedad del hecho y personalidad del autor, pero no se pueden deducir de allí los pasos a seguir en el proceso de determinación. El Art.41 deja en claro los límites al principio de individualización de la pena. Esta debe adecuarse a la personalidad del autor pero sólo si continúa reflejando la gravedad del ilícito" (Breglia Arias – Gauna, Código Penal Comentado y Anotado, T. I, Pág. 360).

 

Como atenuante, valoro los informes de abono que obran a fs. 312/313 favorables respecto de Saiz, como así también la falta de antecedentes computables, que no se ha generado perjuicio al erario público y que el causante no ha obtenido ningún beneficio personal con su acción.

 

Analizadas las pautas establecidas en los arts. 40 y 41, considero que corresponde se le imponga al imputado Miguel Angel Saiz, como justa sanción, la pena de seis meses de prisión en suspenso, con más la inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos por el plazo de 12 meses, accesorias legales y costas.

 

Por último, deberán regularse los honorarios profesionales del Dr. Miguel Angel Cardella, los que en orden a las tareas desarrolladas en autos, corresponde fijar prudentemente en la suma equivalente a Cuarenta (40) Ius (Arts. 6, 8, 46 y ccdtes. Ley G 2212).

 

Por las consideraciones expuestas, siendo de aplicación lo normado por los artículos, 45, 248 y ccdtes. del Código Penal y 372, 375, 377, 379 y concordantes del Código Procesal Penal y demás normas citadas;

 

EL SEÑOR JUEZ EN LO CORRECCIONAL

 

RESUELVE

 

Primero: Condenar al encartado Miguel Angel Saiz, de condiciones personales ya relacionadas en autos, a la pena de seis meses de prisión en suspenso, con más la inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos por el plazo de 12 meses, accesorias legales y costas, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de Abuso de Autoridad por omisión de la ejecución de la Ley (Arts. 45, 248 y ccdtes. del C&oacut


Fuente:

Imprimir Tw F G+

Tags de esta Nota