Fiscalía presentó prueba en audiencia preliminar por asociación ilícita y robo de petróleo en Roca

En el día de hoy, se llevó a cabo la audiencia preliminar ante la Cámara Tercera en lo Criminal de General Roca,  en el marco de la causa que se investiga la participación de 10 integrantes de una asociación ilícita que se encargaba de sustraer, trasladar y comercializar petróleo en la zona del Alto Valle de Río Negro.

De la audiencia participaron la Fiscal de Cámara Graciela Echegaray, el defensor oficial Miguel Salomón en representación de cuatro imputados, el abogado Jorge Crespo, por uno de los imputados, los Dres. Pablo Iribarren y Oscar Pineda en representación de dos imputados y el Dr. Jose Gabriel Perez por la defensa de tres de los imputados. Por la parte querellante,  el Dr. Juan Ignacio Scianca, en representación de la empresa damnificada.

La finalidad de la audiencia, fue definir las diferentes alternativas de solución a instancias del juicio oral y público y las pruebas ofrecidas por las partes. Las mismas no arribaron a un acuerdo.

La Fiscal de Cámara Graciela Echegaray rechazó el pedido de los defensores Pineda e Iribarren en cuanto al beneficio de la suspensión de juicio a prueba a favor de dos imputados. La Fiscal señaló que no corresponde conceder la probation por considerar las diversas circunstancias del hecho, entre las que destacó la gravedad y la peligrosidad del hecho, la extensión del daño y el tiempo de comisión del ilícito, como así también las pautas de agravamiento de la eventual pena y por tratare de delitos contra el orden público y la seguridad pública en forma reiterada. La querella adhirió al planteo solicitado por la Fiscalía.

La Fiscal Echegaray ofreció como elementos probatorios, la prueba testimonial que contempla la citación de un total de  29 testigos, la prueba pericial, correspondiente al informe del Gabinete de Criminalística, Informe pericial contable y los informes ambientales, entre otros.

Con respecto a la prueba documental, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que los elementos que fueron secuestrados en autos, entre los que se incluye una cantidad importante de celulares, sean remitidos  a la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITEL) dependiente del Ministerio Público, a fin de que los mismos se les realicen las pericias correspondientes, como así también, que se incorpore al momento del debate, los DVD que contienen filmaciones del procedimiento policial en el desarrollo del hecho delictivo.

Asimismo pidió que se requiera al Banco Central, al Veraz y a la AFIP información acerca de si la entidad financiera cuyo nombre de fantasía sería "Credi Patrik" se encuentra debidamente inscripta y los estados registrales de los imputados al momento de la comisión de los hechos.

De acuerdo a la acusación fiscal, los imputados habrían conformado  una organización delictiva dedicada a sustraer, trasladar y comercializar petróleo crudo a través de una conexión clandestina. Una vez que el hidrocarburo era sustraído, era sacado de la zona con posible destino a una destilería o refinería probablemente ubicada en la localidad de Ramallo, Provincia de Buenos Aires. La organización contaba en su logística además de los camiones cisternas para la distribución, con equipos informáticos, comunicación portátiles, teléfonos celulares, binoculares y automotores con los que se prestaban tareas de traslado a personas de acompañamiento y vigilancia. Para asegurar el raid delictivo, tenían  en su poder documentación apócrifa que utilizaban ante la eventualidad de un control policial y una importante cantidad de armas de fuego y cartuchería.

Los imputados están acusados por los delitos de asociación ilícita en concurso real, robos calificados en despoblado y en banda, tenencia y portación de arma de arma de fuego de uso civil sin la debida  autorización legal.

El imputado Jose Luis Olivetto se encuentra procesado  por ser coautor de los delitos de "Jefe de la Asociación ilícita en concurso real con robos calificados por haber sido cometidos en despoblado y en banda, en cuatro hechos, portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y arma de guerra de uso civil condicionado "; Víctor Darío Olivetto por asociación ilícita en concurso real con portación ilegal de arma de fuego de uso civil; Edgardo Miguel Olivetto, como coautor del delito de asociación ilícita; Enrique Miguel Olivetto, como coautor de los delitos de asociación ilícita en concurso real con tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal.

En tanto, Oscar Daniel Araño, como coautor de los delitos de asociación ilícita en concurso real con robos calificados por haber sido cometidos en despoblado y en banda (por tres hechos); Lisandro Manuel Alvarez, coautor de los delitos de asociación ilícita en concurso real con robos calificados por haber sido cometidos en despoblado y en banda- (un hecho) y partícipe necesario de robo en poblado y en banda (un hecho); Patricia Inés Valverde, como coautora de asociación ilicita en concurso real con tenencia ilegal de armas de fuego de guerra de uso civil condicionado y armas de fuego de uso civil sin la debida autorización; Juan Alberto Muñoz, como coautor del delito de asociación ilícita;  Javier Tomas Doleschan como coautor del delito de robo calificado por haber sido cometido en despoblado y en banda en concurso real con uso de documento privado falsificado; Alejandro Sergio Valverde como autor del delito de tenencia de armas de fuego de uso civil sin la debida autorización legal.

La presente causa se originó a raíz  del trabajo realizado en conjunto con el área Judicial de Investigaciones de General Roca y la Fiscalía que investiga delitos patrimoniales, sobre la presunta actividad delictiva que estaría desarrollando una banda organizada que se encontraba operando en la zona del Alto Valle de Río Negro y Neuquén en el año 2012. La misma se encargaba del robo de petróleo crudo a través de las llamadas "pinchaduras" que se realizan en los ramales de bombeo de petroleo, que extraen todas las empresas asentadas en la zona. Las tareas de investigación de parte de la policía fueron solicitadas y supervisadas por la Fiscalía.

El Tribunal dispuso un plazo para  el próximo 20 de diciembre,  a los fines de resolver los planteos solicitados por las partes, y la incorporación de más elementos de prueba ofrecidos por la Fiscalía. Además, se definirá la fecha de inicio del juicio oral y público.


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