El derecho social a la educación No se negocia

Las comunidades educativas de las escuelas secundarias de Río Negro, están en riesgo.  El gobierno de Río Negro definió exponer el presente y futuro de 70.000 estudiantes, al fracaso educativo y laboral, solamente para cumplir con los mandatos de las estadísticas de los organismos multinacionales de crédito y  aplicar un ajuste brutal acorde a lo exigido por el gobierno nacional, que dejará sin trabajo a cientos de docentes.

El gobernador Alberto Weretilneck, con el objetivo de imponer la modificación  en la cantidad de años para el Ciclo Básico y Superior actúa contra los principios básicos de la democracia, modificando por decreto la Ley Provincial de Educación.  Esta decisión es absolutamente ilegal y de nulidad absoluta, porque nunca una norma inferior puede modificar una superior. Además,  no es solo un tema legal, es un tema de respeto a las decisiones tomadas por los órganos de representación del pueblo, como  la legislatura provincial. Si aceptamos esto ahora, mañana modificarán por decreto todo, poniendo en riesgo derechos y garantías constitucionales.

Sumado a esto, la ministra Silva y sus funcionarios, emplean diferentes metodologías de presión para imponer la Escuela Secundaria, porque no tienen argumentos comprobables de los beneficios. Uno de los últimos, ha sido advertirles a compañeras y compañeros que dejarían de cobrar sus salarios sino participan de las asambleas de concentración. Totalmente falso, por resolución, se determina que el alta será a partir del 1 de marzo del 2017, por consiguiente la baja debe darse el 28 de febrero.

Trabajadoras y trabajadores de la educación, entendemos urge modificar la Educación secundaria, pero no a cualquier costo y mucho menos avalando una reforma que se impone unilateralmente.  No negociamos, ni el destino de nuestros estudiantes ni las fuentes laborales. Defendemos el derecho de enseñar y aprender en condiciones dignas y esto no es consignismo, sino nuestro principio fundacional.

Exponemos, a modo de ejemplo algunas de las razones más claras por las cuales, exigimos la No implementación de la transformación educativa en el 2017.

1.                          No se conoce el presupuesto real para la implementación. Es fundamental tener en cuenta que el 25% de aumento, crecerá exponencialmente a medida que pasen los años. El Gobernador Weretilneck, reconoció un déficit de 2600 millones para el año 2016. Déficit que sufrimos hacia dentro de las instituciones, por falta de gas, luz, escuelas con problemas estructurales.   Este año, ya es un hecho el ajuste y la pretendida imposición de un techo para el aumento salarial del 17%., en un escenario de ajuste y recesión, con el cese de obra definido por decreto, está claro que no se invertirá un centavo más en las escuelas.

2.                          No se cuenta con Diseño Curricular, se pretende vaciar de contenidos la educación pública.  No hay garantías de cómo se implementarán las trayectorias escolares, sabemos que es solo estadística. Las y los estudiantes transitarán por la escuela, sin apropiación de conocimientos, porque serán sometidos a sucesivos cambios hasta que logren encontrar la estrategia apropiada.  

Esta experiencia ya la hemos vivido en transformaciones anteriores, donde fueron las y los docentes en las escuelas quienes debieron resolver la falta de previsión ministerial. Y que, según los resultados obtenidos en las estadísticas, siempre se responsabilizó a trabajadores y trabajadoras de los resultados. Tampoco se tiene en cuenta la realidad regional de nuestra provincia, ni en cuanto a lo edilicio, provisión de insumos o necesidades de la comunidad.

3.                     No se definió participativamente el régimen académico para determinar la asistencia escolar, la evaluación, promoción, acreditación de estudiantes y las reglas claras.  Situación que es una violación a la Ley de Educación provincial, que prevé la participación real y efectiva de estudiante, madres, padres y Trabajadores/as en estas discusiones. ¿Hasta cuándo permitiremos que se naturalice en Río Negro, que los gobiernos violen las leyes del pueblo?

4.            Se impusieron incumbencias de títulos docentes sin contemplar las distintas necesidades educativas y laborales. Con esto se avasallaron derechos de cientos de compañeras y compañeros docentes.

5.            No se realizaron espacios presenciales de formación docente para una verdadera reforma.

6.            Todas las imposiciones de cambio sólo son obligatorias para las instituciones públicas, mientras que las escuelas privadas pueden continuar con su estructura, emitir los mismos títulos y decidir contenidos curriculares. Está claro que el vaciamiento educativo, sólo es para un sector, el de las clases populares.

Por último no podemos desconocer el irregular funcionamiento del Cuerpo Colegiado en el CPE, denunciado por el sindicato a través de su representante, compañera Sandra Schieroni.  La emisión de resoluciones firmadas por un solo representante gubernamental, la modificación de normativa de manera unilateral, el cambio de condiciones laborales y derechos adquiridos, entre otros puntos   se constituye en una violación a las leyes vigentes, de manera tan grave que avasalla lo dictaminado en la Constitución Nacional y los tratados internacionales de Derechos Humanos, detallados en la presentación realizada por UnTER ante el Superior Tribunal de Justicia. 

Reiteramos, decimos No, porque si hoy  avalamos la violación de los principios democráticos en nuestro propio ámbito de trabajo, más temprano que tarde, el autoritarismo será moneda corriente y  nuestra historia de lucha por una sociedad más justa y solidaria, será una dolorosa anécdota del pasado. Porque no nos resignamos, no daremos un solo paso atrás, en defensa de la escuela pública para la emancipación del pueblo.


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