Argentina en el convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia

El 22 de noviembre el poder legislativo aprobó el proyecto de ley de adhesión de Argentina al Convenio de Budapest, un convenio internacional sobre ciberdelito.

El Convenio sobre Cibercriminalidad o Convenio de Budapest fue creado en el año 2001 en la ciudad que le da nombre con el fin de homogeneizar las definiciones sobre los delitos informáticos y establecer las bases para la cooperación internacional respecto de temas relativos a la ciberseguridad.

La adhesión a este Convenio de carácter supranacional, ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. El mismo le dará a la Justicia argentina las herramientas necesarias para investigar este tipo de infracciones, por ejemplo estafas, pornografía infantil y cuestiones relativas a la propiedad intelectual. Hasta el momento el acuerdo cuenta con más de 50 países miembros.

En el caso de sancionarse, el proyecto expresa que la ley dejaría fuera una serie de artículos del Convenio que entran en contradicción con ciertas legislaciones de nuestro país. Estos son los 6.1.b, 9.1.d, 9.2.b, 9.2.c, 9.1.e, 22.1.d y 29.4. Podés descargar el proyecto de ley completo desde acá.

¿Qué es el Convenio de Budapest?

El Convenio se firmó el 23 de noviembre de 2001 y entró en vigor el 1° de julio de 2004, en la ciudad de Budapest, República de Hungría. Se trata del primer tratado internacional creado con el objetivo de proteger a la sociedad frente a los delitos informáticos y los delitos en Internet, mediante la elaboración de leyes adecuadas, la mejora de las técnicas de investigación y el aumento de la cooperación internacional. En la actualidad, el Convenio ha sido ratificado por más de 50 naciones de todo el mundo.

En un contexto lleno de profundos cambios devenidos por la digitalización, el convenio surgió como resultado del reconocimiento de dos aristas: por un lado, la necesidad de cooperación entre los Estados y el sector privado en la lucha contra la ciberdelincuencia y, por el otro, la necesidad de proteger los intereses legítimos en la utilización y el desarrollo de las tecnologías de la información (TICs).

Consiste en el único acuerdo internacional sobre delitos informáticos que, fundamentalmente, hace hincapié en las infracciones de derechos de autor, fraude informático, la pornografía infantil, los delitos de odio y violaciones de seguridad de red. Gracias al reconocimiento de la necesidad de prevenir dichos actos que puedan poner en peligro la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos y sistemas informáticos, es que se determina la lucha eficaz contra estos delitos, facilitando su detección, investigación y sanción, tanto a nivel nacional como internacional, y estableciendo acciones que permitan una cooperación internacional rápida y fiable. También, busca homogeneizar las definiciones sobre ciberdelito, establecer el intercambio de información en lo que respecta a estos ilícitos, garantizar el debido equilibrio entre los intereses de la acción penal y el respeto a los derechos humanos que reafirman el derecho a defender la propia opinión sin interferencia, el derecho a la libertad de expresión, incluida la libertad de buscar, obtener y comunicar información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, así como el respeto de la vida privada.

Tiene en cuenta los convenios existentes y acciona complementándose para incrementar la eficacia de las investigaciones y procedimientos penales relativos a los delitos, así como para permitir la obtención de pruebas electrónicas. En conclusión, el convenio es el instrumento internacional vigente hoy en día para hacer efectiva la lucha contra el cibercrimen.


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