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25/06/2011 | Provincia

Saiz envió a la Legislatura la reforma procesal penal


El Gobernador de la Provincia, Miguel Saiz, envió en  las últimas horas de ayer a la Legislatura de la Provincia, el proyecto de Ley con Acuerdo General de Ministros, por el que propone aprobar el Código Procesal Penal de la Provincia.


Al elevar dicho proyecto, el doctor Saiz pone a consideración del parlamento la iniciativa, señalando que “la  Reforma Procesal Penal constituye una asignatura pendiente en la Provincia de Río Negro, por razones constitucionales, políticas y doctrinarias. El nuevo bloque de constitucionalidad establecido a partir de la reforma de la Constitución Nacional de 1.994, define un nuevo paradigma para el proceso penal, propio de un modelo acusatorio, con roles perfectamente diferenciados, de manera de asegurar la imparcialidad de los jueces. Instaurar un sistema de persecución y juzgamiento que satisfaga las exigencias constitucionales, constituye un imperativo que no admite dilación”.

Asimismo el mandatario expresa que es preciso cambiar radicalmente los procesos de trabajo “rompiendo con la cultura del expediente y del trámite insustancial y aumentar la participación de las víctimas, posibilitar una persecución penal eficaz y respetuosa de las garantías de los imputados, debe constituir el núcleo de la estrategia de transformación de la justicia. Y finalmente asumir el delito como conflicto, en cambio, da cabida a los protagonistas y permite que en muchos casos sean los que decidan la forma de resolver sus problemas”.

Destaca que  la Comisión para la Reforma Procesal Penal, creada por Decreto Nº 841/2.010, con la Coordinación, Capacitación y Asesoramiento del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), ha encarado esta tarea con una doble finalidad: elaborar un proyecto que permita transformar la administración de justicia penal en un sistema ágil, transparente y con respuestas adecuadas a la demanda de la ciudadanía; y, a la vez, diseñar un procedimiento adecuado a los mandatos constitucionales, en materia de respeto por las garantías del acusado y los derechos de la víctima involucrados en un proceso penal.-

“No podemos obviar que nuestra Constitución Nacional establece, desde 1.853, la obligación estatal de que los juicios penales sean decididos por un jurado ciudadano. Tampoco podemos soslayar la realidad, que nos indica que la ciudadanía exige una participación cada vez mayor en la toma de decisiones estatales (en todos los ámbitos) y en el control sobre la forma de tomar decisiones. Queremos que la comunidad entienda, confíe y respete a la Justicia, por ello los invitamos a participar en la administración de justicia”.

El mandatario expresa  que “En este contexto, pensando en la importancia de agilizar los procesos, dotarlos de transparencia, oralizar las decisiones y cumplimentar así los mandatos constitucionales, el juicio por jurados aparece como una obligación ineludible”.

Finalmente el Gobernador expresa que en función de los fundamentos expuestos, remite adjunto el Proyecto de Ley por el que se propone Aprobar el Código Procesal Penal de la Provincia de Río Negro, el que dada la trascendencia que implica para la Provincia de Río Negro, se acompaña con Acuerdo General de Ministros, para ser tratado en única vuelta.

En su parte resolutiva el proyecto establece en su artículo 1 “Aprobar el Código Procesal Penal de la Provincia de Río Negro, que como Anexo forma parte integrante de la presente Ley”.


Informe de la Comisión de Reforma

En el anexo al proyecto, se adjunta el informe redactado por la Comisión de Reforma del Código Procesal Penal de la Provincia de Río Negro, creada según Decreto 841/2010.

“Esta Comisión se reunió en todas las Circunscripciones Judiciales de la Provincia, en especial en las sedes de los Colegios de Abogados de Viedma, Cipolletti y General Roca, como así también en la ciudad de San Carlos de Bariloche. En dichas reuniones analizamos cada uno de los artículos del texto propuesto, bajo un intercambio de opiniones basado en la experiencia profesional y académica de cada uno de sus integrantes y de la legislación comparada sobre la materia”.

“Queremos resaltar algunas cuestiones, que a nuestra consideración son de suma importancia en este proceso de dictar un nuevo instrumento para el proceso del juicio penal en la provincia”.

Expresan en este sentido que “En primer lugar recalcamos que después del fallo "Sandoval, David Andrés" de la CJSN del 31/08/2010 (Fallos 333: 1658) se hace imprescindible, la aprobación de un código procesal penal que tenga las características del analizado, esto es un litigio controversial (acusación y defensa) y que un tercero imparcial resuelva (juez o jurado), con un procedimiento mediante el sistema de audiencias orales y públicas”.

“Son características de este proceso que resaltamos, algunos institutos nuevos como el Colegio de Jueces y la Oficina Judicial, que pasaran a ser pilares de la buena administración del proceso procesal penal”.

“En segundo lugar y aunque ello no surge del aludido fallo, sino de las imperativas disposiciones de la Constitución Nacional, sancionada en 1853 y ratificadas en 1860, 1866 y por último en 1994, recomendamos con serena convicción, luego de un amplio debate interno la instalación (parcial) para ciertas clases de delitos, del Juicio por Jurados, como la verdadera participación ciudadana en el control de la Administración de Justicia. Lo que además de dar así cumplimiento a la manda de la Constitución Nacional de los artículos 24, 75 inciso 12, y 118; se respeta también la voluntad de la Constitución de Río Negro vigente (art. 197)”, expresan”

Luego de destacar la gran repercusión de la experiencia de la simulación de un juicio por jurados expresan que en este sentido que “hemos revisado el proyecto y coincidimos en que los Juicios por Jurados deben ser obligatorios cuando la pena privativa solicitada por el Fiscal sea superior a los 12 años y para los casos de delitos contra la Administración Pública por corrupción (administración fraudulenta, cohecho, enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública, básicamente).

Señalan que “revisamos en forma profunda el sistema de control de las decisiones judiciales (recursos del fiscal, de la defensa, contra sentencia firmes o no, extraordinario, de queja, de revisión); a tal fin nos hemos valido de la experiencia de la práctica, sobre precedentes actuales y hemos adaptado las conclusiones del único Congreso Nacional de la Impugnación realizado en La Plata en noviembre de 2010, adaptándolo a nuestras realidades locales. Creemos que estamos sugiriendo las correcciones que a nuestro juicio resultan más dinámicas y brindan una mayor diligencia en la resolución de los recursos judiciales contra las decisiones de los Magistrados”.

Luego de sugerir que  este proyecto “incorpore el Juicio a Menores, para lo cual por Anexo B, proponemos su texto tomado de la legislación de la vecina provincia de Neuquén” manifiestan que “tenemos la convicción que esta renovación del proceso penal, no comienza ni termina con la sanción de un nuevo Código. Se trata de una paciente evolución de una situación de profunda insatisfacción, como la que hoy afecta a la Administración de Justicia (no solamente de nuestra provincia, sino de todo el país en general) respecto del rendimiento y desempeño de uno de los Poderes del Estado. Este es el puntapié inicial de todo este largo proceso que se vincula con la mayor formación y capacitación de los operadores judiciales (jueces, abogados, fiscales, empleados) y sobre todo de un mejor y más exhaustivo aprovechamiento de los recursos humanos y económicos ya existentes. Requiere también de otras leyes que servirán para la mejor ejecución de los fines que persiguen la mejor administración de justicia”.

Indican que “en esa legislación, es aconsejable, una ley de seguimiento de esta reforma, que contemple la creación de un organismo de capacitación e implementación, con presupuesto propio. Además una norma sobre la creación de la Policía Judicial de Investigaciones, para lo cual hay que avanzar sobre algunos proyectos ya generados por esta Administración en años anteriores, que no pudieron ser llevados a la práctica.; la reformulación de ley Orgánica del Poder Judicial y del Ministerio Público, como también una ley especial sobre aquellos funcionarios y magistrados que tendrán nuevas funciones y como se plantea su inserción y transición dada las nuevas modalidades del proceso que se sanciona. Asimismo, al igual que en otros países como Chile y otras Provincias como Chubut, entendemos que la reforma es aconsejable se implemente de forma gradual y por circunscripciones, de manera de ir analizando su impacto de manera paulatina y controlada”.

En cuarto lugar indican que “no vemos que sea necesaria una afectación presupuestaria mayúscula para poner en marcha el nuevo Código Procesal Penal Acusatorio. Aunque ello implicará que - por ejemplo - los actuales funcionarios y empleados de las Secretarías de instrucción, pasarían a la órbita del Ministerio Público Fiscal al encomendársele a éste la actividad requirente y sobre todo investigativa. Sí observamos que será necesaria la adaptación de las salas de audiencias existentes, cuestiones que podrá ser superada bajo la dirección de la Oficina Judicial”..

“Por último sugerimos que se plantee ante la Legislatura de la Provincia, que algunos institutos, como por ejemplo la audiencia de control de detención, y ciertas modificaciones que permitan el inmediato cumplimiento de ciertos estándares constitucionales, que eviten el riesgo de anulaciones de sentencias definitivas (vgr. el conocido caso de Sandoval, David Andrés) sean puesto en vigencia de inmediato, es decir una vez sancionado el nuevo texto”.

Suscriben este informe los integrantes del cuerpo, los doctores Oscar Raúl Pandolfi, Maximiliano Breide Obeid, Miguel Cardella, Cesar Lanfranchi,  Claudio Romero,  Darío Sujonizky,  Raúl Ochoa,  Guillermo Moyano,  Héctor Leguizamón Condal,  Carlos López,  Nely Meana y Fabián Gatti


Código Procesal Penal

La propuesta del Código Procesal Penal elevada como anexo de esta iniciativa, incorpora el libro I sobre principios Generales y Lineamientos que  en sus distintos capítulos establece entre otras las cuestiones de Jurisdicción, Competencia y sujetos procesales, Tribunales Competentes, motivos de excusación y recusación, integración de tribunales de jurados,  capítulos sobre el imputado, la defensa, la víctima, secciones sobre derechos fundamentales, querellas, el Ministerio Público Fiscal, la actividad procesal, los actos procesales, normas generales, audiencias, duración del procedimiento, reglas de cooperación judicial, comunicaciones y actividad procesal defectuosa.

El libro II incorpora los aspectos vinculados a la Admisión del caso, el ejercicio de la acción penal, reglas generales, situaciones especiales, reglas de disponibilidad de acción, criterios de oportunidad, suspensión del juicio a prueba, una sección sobre Pueblos Indígenas,  un título sobre medidas de coerción y cautelares, caución, restricción de la libertad, prisión preventiva, etapa preparatorio, actos iniciales, desarrollo de la investigación  y conclusión de la instigación preparatoria.

El libro III establece  los aspectos relacionados con la etapa Intermedia y el Control del Mérito de la Acusación y aborda lo concerniente al requerimiento de apertura del juicio y del inicio de la etapa intermedia.

Por su parte el libro IV determina los aspectos del Juicio Oral y Público,  abarcando los temas relacionados con Juicio con Jueces Profesionales y  Desarrollo del Juicio. Producción de la Prueba, Reglas Especiales sobre los Testimonios, la Discusión Final y Clausura del Debate, Juicio por Jurados Populares, Desarrollo del Juicio, Procedimientos Especiales, Procedimiento por Delitos de Acción Privada,  Procedimientos Abreviados,  Acuerdo Pleno, Acuerdo  Parcial, Acuerdo para la realización directa del Juicio, Procedimiento para Asuntos Complejos y Procedimiento para la Aplicación de Medidas de Seguridad .

Finalmente el Libro V versa sobre el Control de las decisiones Judiciales a bordando entre otras, las cuestiones vinculadas a las Decisiones Impugnables y Legitimación, el Procedimiento de la Impugnación., Control Extraordinario, Queja por Denegación de Recurso,  Revisión de la Sentencia Condenatoria, Ejecución, Costas e Indemnizaciones, y Ejecución Penal

Fuente:
Cipolletti (1146) - Legislatura (166) - Miguel Saiz (278) - Viedma (5136)



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