Soria proyecta declarar “disponibles” a todos los empleados públicos

Soria proyecta declarar “disponibles” a todos los empleados públicos

El gobernador presentó a la Legislatura una iniciativa declarando el estado de “emergencia institucional, económico, financiero, administrativo y social del sector público” rionegrino. En ese marco, declarará la “disponibilidad” de todo el personal de planta permanente del Estado, durante 180 días.

En total, son unos 20 mil, aproximadamente, los trabajadores en esa situación. Quedaron exceptuados los empleados de la Justicia, policías y docentes. La medida -que se descuenta aprobará la mayoría del Frente para la Victoria- no afectará el nivel escalafonario de los estatales.

El gobierno provincial aplicará cirugía mayor sobre la estructura del Estado. El gobernador Carlos Soria envió al Parlamento el proyecto de “declaración de emergencia institucional, económico, financiero, administrativo y social” del sector público, que incluye la disponibilidad de los empleados de planta permanente del Ejecutivo y la Legislatura, durante un plazo de 180 días.

Sólo quedarán exceptuados de la medida los trabajadores del Poder Judicial, policías y docentes.

El proyecto fue remitido este lunes a la Legislatura con acuerdo de ministros, y se descuenta su pronto tratamiento y aprobación por parte del bloque oficialista del Frente para la Victoria.

La “disponibilidad no afectará los derechos, deberes, nivel escalafonario, salarial ni las modalidades propias de la situación de revista de los agentes de planta permanente”, detalla el proyecto.

A partir de la aprobación, el Estado pondrá en marcha un proceso de revisión de la tarea de los trabajadores, y “la autoridad competente determinará cuales serán aquellos empleados respecto de los cuales se hará efectivo el pase a disponibilidad, con percepción de sus haberes y cese en la prestación de sus servicios”. Para ello, se creará la Comisión de Transparencia en el Empleo Público, que estará compuesta por representantes del Ejecutivo, el Parlamento, y gremios estatales.

Incluso la iniciativa remitida por Soria estipula la forma de desvinculación de los trabajadores del Estado, su disponibilidad o reubicación, así como el “cobro de la correspondiente indemnización”.

Se establecerá un plazo de 30 días para el análisis de cada situación particular, vencido el cual “sin que hubiera sido posible la reubicación o recalificación (del empleado), se producirá la extinción del vínculo de empleo público”.


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